Traste
Jabalíes abatidos en una montería. // Hunters

La Alianza UPA-COAG pedirá a la Junta que aclare el decreto de caza mayor que regula el control de subproductos.


20 de Febrero de 2018

El sector de los ganaderos y agricultores pedirán a los responsables de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que “aclaren” la repercusión que tendrá en la caza el Real Decreto por el que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor, y cuya aplicación puede llevar al traste a buena parte de las monterías organizadas en la provincia de Zamora.

“Queremos que nos digan cómo va a repercutir en los permisos de caza porque vemos con estupefacción que todo son problemas para ejercer la caza, que es una actividad legal y sirve para hacer un control de especies que causan mucho daño en el medio rural” expresa el responsable de Medio Ambiente de COAG, José Manuel Soto.

Temen los ganaderos y agricultores que si los cazadores rebajan el cupo de piezas a abatir el campo se desmadre de animales salvajes y “todo sean conflictos”. Soto sostiene que “es otro gesto más que evidencia que se protege más a la fauna que a las personas” y subraya que “a los enormes problemas en las siembras y cultivos se suma el de los accidentes en las carreteras, que son miles al cabo del año en España”. “Lo que no puede ser es que se hagan normativas que vengan a cortar la caza. Habrá sitios en el sur con mataderos y todo, pero ¿qué pasa con las monterías de los pueblos realizadas para descastar ejemplares que hacen daño?”. Expresa el responsable de COAG que “muchas batidas se organizan porque los propios agricultores y ganaderos pedimos a los cazadores que realicen los descastes”.

Soto critica la gestión del medio natural que realiza la Administración. “Desde los despachos se hacen las cosas en papel, pero la realidad de lo que ocurre la sabemos los que estamos al pie del cañón” expresa.

El presente real decreto, que entrará en vigor a partir del 1 de julio, será de aplicación a todas las modalidades cinegéticas de caza mayor colectiva que se celebren en todo el territorio nacional, en las que el número de puestos es superior a 40 o el número de piezas abatidas es superior a 20 por jornada de caza. No obstante, si la autoridad competente en materia de sanidad animal lo considera, podrá extender el ámbito de aplicación a otras modalidades de caza mayor, independientemente del número de piezas cazadas o el número de puestos, en las comarcas de especial riesgo sanitario.

La aplicación del decreto exigirá una gestión sobre el tratamiento de los subproducto que conllevará unos sobrecostes en medios humanos y materiales que algunos organizadores de monterías locales consideran inviables por las características de las cacerías desarrolladas en los cotos zamoranos.

Noticia publicada en laopiniondezamora.es

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