Fosa
Guardia Civil

El Ayuntamiento estudia que la Policía Local recoja heces de la calle para poder imponer multas. También se valora que estos animales puedan entrar en los autobuses como hacen en el tranvía.


12 de Diciembre de 2017

Los vecinos de Zaragoza que tengan perro deberán registrar el ADN del animal el año que viene. Esta será una de las consecuencias de la reforma de la ordenanza de Protección Animal, que el Ayuntamiento va a retomar tras varios meses de parón en su tramitación. Cuando el nuevo texto normativo entre en vigor (se espera que sea para febrero o marzo), los propietarios de los canes tendrán un año de plazo para registrar el código genético de sus mascotas. Podrán hacerlo en su veterinario y deberán asumir el coste, que será de entre 10 y 15 euros.

El ADN de los animales quedará guardado en el Riaca (Registro de Animales de Compañía de Aragón). Con la medida, se pretende tener un mayor control de la población canina y, sobre todo, poder perseguir a los responsables del abandono o maltrato de animales. En estos casos, los dueños de los perros en ocasiones arrancan a sus mascotas el chip identificativo. Con el código genético, en cambio, siempre será posible saber quién es el propietario. Además, también se podrá conocer el origen de las camadas que son abandonadas cuando una perra da a luz a un número elevado de cachorros.

Otra posible utilidad del código genético es poder identificar a los dueños de los perros que no recogen los excrementos de sus perros. En este caso, deberían ser los agentes de la Policía Local quienes recogieran las heces. Estas se analizarían (las pruebas tienen un coste estimado de 15 euros) y, con los resultados, se podría cursar la sanción, que está fijada en 80 euros. No obstante, las reticencias que generó esta medida entre los agentes cuando se anunció la ha dejado en el aire. Cuando la ordenanza esté aprobada, el gobierno de ZEC negociará con los grupos y los colectivos afectados para ver si finalmente aplica una medida que, no obstante, confía en que tenga un efecto disuasorio. Es decir, que los dueños recojan los excrementos sin que sea necesario que los agentes actúen de forma generalizada.

El registro de ADN es solo una de las novedades que incluirá la reforma de la ordenanza, que ha diseñado la oficina municipal de Protección Animal. Otro de los cambios más destacados es el que afecta al transporte de animales en el autobús urbano. El nuevo texto normativo recoge que se puedan llevar perros del mismo modo que ya se hace en el tranvía. Es decir, podrían entrar perros de menos de 10 kilos en brazos de su dueño y con bozal; y de más de 10 kilos con bozal, siempre que solo suba uno por autobús, o dos en caso de que sean del mismo propietario. No obstante, el Ayuntamiento aún está pendiente de ver si esta propuesta es viable técnicamente, dado lo reducido de los espacios que hay en el interior de los autobuses urbanos.

Los circos sin animales

Hay más novedades. Por ejemplo, la ordenanza pretende prohibir los circos con animales. De facto, hace varios años que no se celebran por acuerdo entre el Ayuntamiento y los feriantes, pero ahora el gobierno quiere que quede reflejado en la ordenanza. El PP, en una de sus alegaciones, propone que se elimine la prohibición «si los animales no sufren daño, degradación, parodia, burlas o tratamientos antinaturales».

Además, los cambios de la normativa prohíben echar azufre en las paredes de los edificios para evitar los orines de los animales –ya que les causa daños en la piel y el sistema respiratorio–, limitan a cinco horas la estancia continuada de animales en terrazas y balcones, exigen que dispongan de un espacio mínimo adecuado, prohíben tenerlos atados a un lugar fijo durante más de dos horas y obligan a sacar a los perros a pasear un mínimo de dos veces. Sin embargo, este último punto –a propuesta del PSOE–, se quedará en la obligación de «facilitar a los perros las salidas y el ejercicio necesario para su bienestar».

Las modificaciones de la ordenanza están redactadas desde hace más de un año, y los grupos políticos del Ayuntamiento presentaron sus alegaciones en enero. La tramitación se ha retrasado por problemas de personal en la oficina de protección animal, pero ahora se ha reactivado. El gobierno de ZEC quiere llevar su aprobación al pleno de este mismo mes, o al de enero a más tardar. Con ello, la ordenanza podría entrar en vigor en febrero o marzo del año que viene.

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, afirmó que su intención es que la norma se apruebe «por unanimidad de los grupos municipales», con el objetivo de que «Zaragoza continúe siendo referencia en políticas animalistas».

Noticia publicada en heraldo.es

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