La asociación Ascel rechaza la tesis del Gobierno regional de que matar un ejemplar sea una infracción administrativa.


03 de Marzo de 2017

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) rechaza de plano las afirmaciones del director general de Recursos Naturales, Manuel Calvo, en las que indicaba que la muerte de un lobo es una infracción administrativa y que nadie que no sea la Administración regional pueda abatir un ejemplar. Sobre el primero de los asuntos, desde Ascel aseguran que la captura de un lobo podría constituir un delito «si hubo envenenamiento o uso de lazo, por ejemplo». Por ello, exigen a la Administración que haga públicas las necropsias realizadas a los cadáveres encontrados en Asturias.

También rechaza que solo el Principado pueda cazarlos, pues el apartado 8 del II Plan de Gestión del Lobo «da pie a la participación de cazadores en las batidas ordinarias de otras especies en ciertas zonas para que puedan abatir lobos» y ello a pesar de que se trata de «una especie que no tiene consideración de cinegética en Asturias».

La actuación del Principado en este asunto es lo que ha motivado a Ascel a «reclamar como única solución a este despropósito la inclusión del lobo con carácter urgente en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas». El problema, en opinión de la organización conservacionista, es que «la absurda interpretación de las leyes por parte de la Administración regional les ha llevado a mantener una ambigüedad legal que se traslada a la sociedad y que, mucho nos tememos, da pie a estas exhibiciones de violencia extrema», en referencia a la aparición de los últimos ejemplares de lobos que aparecieron muertos en distintos puntos de la región.

Traslado a la Fiscalía

Ascel cree que está «en entredicho» la imagen turística del Principado, ya que «lo que Asturias exporta estos días es puro esperpento». Y apunta que esa imagen se traduce en «un lugar donde algunos criminales atentan contra su tierra y el interés general, ante una leve, temerosa y ambigua respuesta por parte de los responsables políticos, a los que no parecen preocupar los propios actos delictivos sino la ‘imagen’ que dan de Asturias».

Para tratar de poner coto a la persecución que sufre el lobo en Asturias, Ascel exige el traslado automático a la Fiscalía de Medio Ambiente de cada caso en el que aparezca un cadáver de lobo, «a fin de que se instruyan adecuadamente las diligencias oportunas, pues no contemplamos que este proceso sea realizado por la propia Dirección General de Recursos Naturales del Principado».

Noticia publicada en elcomercio.es

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