Traste
Jabalíes abatidos en una montería. // Hunters

El decreto que regula el control de los subproductos de los animales abatidos en cacerías incrementará los gastos.


18 de Febrero de 2018

“La provincia se llenará de jabalíes y el lobo es el gran favorecido” afirman en el sector de la caza. Y es que el resultado y el desarrollo de las monterías en la provincia de Zamora pueden dar un giro cargado de consecuencias e impactos a partir del 1 de julio, cuando entre en vigor el Real Decreto por el que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach) y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor.

Nadie duda que la gestión de los despojos (recogida, transporte, enterramiento, eliminación…) conllevará un notable incremento de gastos y gestiones, además de una mayor burocracia.

El decreto será de aplicación a todas las modalidades cinegéticas de caza mayor colectiva en las que el número de puestos es superior a 40 o el número de piezas abatidas es superior a 20 por jornada de caza. Es decir, las más exitosas tanto por participación como por la cosecha de piezas abatidas y expuestas con alegría en la Junta de Carnes, y que evidencia el tino de los cazadores situados en las armadas y el rango de las manchas batidas.

Pero también podrá extenderse el ámbito de aplicación a otras modalidades de caza mayor, independientemente del número de piezas cazadas o el número de puestos, si la autoridad competente en materia de sanidad animal lo determina por surgir alguna causa y se declara la comarca de especial riesgo sanitario.

Gestores de caza zamoranos consideran que el equipamiento, la dotación de vehículos, la formación de cazadores, el enterramiento de subproductos de los animales cazados y demás requisitos del decreto “pueden venir bien para las cacerías organizadas en grandes dehesas y cercados extremeños y andaluces”, pero temen que produzca “el efecto contrario” al deseado en gran parte de Zamora y otras provincias de cacerías organizadas, en parte, sin ánimo de lucro o con más que moderados beneficios.

Hay quien aventura sin tapujos que a partir de la entrada en vigor la primera consecuencia será que “todas las cacerías tendrán como máximo 19 o 20 jabalíes abatidos” para no entrar en la aplicación del decreto firmado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría. Es decir, que los verracos “se quedarán en el monte” con el consiguiente descontrol de población de una especie considerada por las organizaciones agrarias como “plaga”, y cuyos responsables reclaman de forma insistente reclaman un mayor control de estos animales. “¿Cómo saber que se han matado veinte piezas?” se preguntan algunos. Y les lleva a pensar que para no cargar con las imposiciones del decreto habrá quien deje animales muertos por el campo, con el consiguiente problema.

Algunos cotos del Parque Natural de Arribes lo han estudiado y consideran que será “una putada muy gorda porque habrá que rebajar los puestos a cuarenta y entonces no será rentable”. “¿Qué bolsillo paga los gastos de medios, veterinarios?, se preguntan. El asunto será tratado, en el caso de Fermoselle, en asambleas para tomar las decisiones pertinentes. En estos municipios arribeños, y otros recorridos por grandes viales eléctricos, resultará hasta difícil el destinar a las especies necrófagas los subproductos de los animales abatidos porque deben guardarse una distancia de un kilómetro de los tendidos, más de 4.000 de aerogeneradores y quedar fuera de cursos de agua o zonas con riesgo de contaminación de acuíferos.

La misma exigencia de un “cazador especialista” que venga a realizar las funciones de veterinario es considerada por algunos responsables de cotos de caza mayor como algo que “puede venir muy bien para organizar cursos de formación, pero no tiene ningún sentido”.

Los enterramientos, dejar los subproductos hasta el alba en un lugar seguro, en caso de finalizar las batidas en los ocasos, son cuestiones que también llenan de interrogantes y perplejidades.

“La finalidad de este decreto es crear algún puesto de trabajo a base de cobrar, cobrar y cobrar dinero a los cazadores. Es un compuesto político. Lo tendrían fácil con poner los bichos en un sitio o recoger las vísceras y, si no hay enfermedad, ponérselas a la fauna. Pero no hay manera. Todo es pagar y pagar” expresa un organizador de monterías.

La Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural, que resalta su labor en pro de que el decreto no afecte a cacerías pequeños resultados y participación, considera que la Administración “debería implementar una línea de ayudas económicas para hacer frente al sobrecoste d de la gestión de estos residuos, al igual que existe para el sector ganadero”.

Noticia publicada en laopiniondezamora.es

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